El lehendakari, acompañado de los miembros de su gabinete, durante la lectura del Acuerdo de gobierno. (J.B.)

     El Presidente del Gobierno español, Señor Rodríguez Zapatero, ha firmado y ejecutado su amenaza de impugnar ante el Tribunal Constitucional y suspender la Ley 9/2008, de 27 de junio, de convocatoria y regulación de una consulta popular sobre la exigencia del abandono definitivo de la violencia por parte de ETA y la apertura de un proceso de final dialogado y para emplazar a los partidos vascos a alcanzar un acuerdo para la normalización política.

Dicha impugnación, que obvia cualquier intento de negociación y acercamiento para resolver las discrepancias, provoca, de manera inmediata, la suspensión de la Ley y, por lo tanto, impide que la sociedad vasca pueda expresar su opinión sobre materias tan trascendentales para nuestra vida como son la búsqueda de la paz y de acuerdos políticos sobre nuestra convivencia.

No es la primera vez que el Sr. Rodríguez Zapatero actúa de esta forma despectiva en contra de los intereses de Euskadi. Desde que es Presidente del Gobierno español ninguna transferencia ha sido permitida; desde que es Presidente del Gobierno español ningún desarrollo del Estatuto de Gernika; desde que es Presidente del Gobierno español el desprecio al autogobierno y al bienestar de nuestros ciudadanos y ciudadanas ha sido patente y mostrado sin ningún pudor, afirmando su Gobierno que las transferencias no nos convienen, o que no es el momento oportuno tras treinta años de incumplimiento. Siendo, en fin, Presidente del Gobierno español el Sr. Rodríguez Zapatero se negó al diálogo y a la mera tramitación en el Congreso de los Diputados de la Propuesta de Nuevo Estatuto Político que también había recibido la mayoría absoluta del Parlamento Vasco en diciembre de 2004.

Esta actitud prepotente y arbitraria del Sr. Rodríguez Zapatero y del Partido Socialista no resulta sorprendente ya que tiene muchos precedentes. Pero ambos, el Presidente del Gobierno español y el Partido Socialista, deberían explicar a la sociedad vasca el interés que tienen en suspender e impedir una iniciativa tan legal y democrática como la celebración de una consulta donde cada ciudadano y ciudadana pueda expresar lo que piensa, el interés que tienen en suspender cualquier nueva vía que pueda abrir un proceso de diálogo y tiempos de esperanza y normalización y, en fin, el interés que  tiene en admitir el diálogo y la negociación con ETA y no con los representantes legítimos de la sociedad vasca.

La impugnación del Presidente del Gobierno español de la Ley aprobada por el Parlamento Vasco constituye un ataque directo a nuestra autonomía y supone, de hecho, la suspensión de nuestro autogobierno político, fruto del pacto alcanzado entre Euskadi y el Estado español en el Estatuto de Gernika, dejando a las Instituciones Vascas indefensas ante las decisiones caprichosas adoptadas unilateralmente por el Gobierno español.

Resulta muy poco explicable desde los principios democráticos que la sola voluntad del Sr. Rodríguez Zapatero suspenda la voluntad mayoritaria del Parlamento Vasco y, por lo tanto, del Pueblo Vasco. Estará así previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional pero en el siglo XXI y en una sociedad madura y avanzada como la vasca un gobernante debería medir más sus decisiones y actos que sólo pueden ser entendidos por la ciudadanía de este país como signos de prepotencia y arbitrariedad.

Una consulta popular no vinculante, que no un referéndum como falsamente se empeñan en calificarla, en cuanto instrumento democrático de participación política de los ciudadanos, es un derecho humano que, como tal, no necesita ser positivizado. El resultado de una consulta no vinculante, en la que se pide opinión a la ciudadanía vasca, tiene, eso sí, plena validez política y democrática para orientar la actuación de las Instituciones Vascas que la promueven, sin que esta decisión suponga una obligación jurídica para el Estado y, por lo tanto, su resultado no constituye en sí mismo un mandato jurídico para modificar el marco constitucional. Si el Gobierno español mantiene que "los vascos no pueden decidir por todos los españoles", con la misma firmeza y contundencia democrática, el Gobierno Vasco manifiesta que "los españoles no pueden decidir por todos los vascos", o dicho de otra forma, en una democracia real, el Presidente del Gobierno español no puede prohibir que los ciudadanos y ciudadanas vascas expresen libre y democráticamente su opinión.

Ante una cuestión tan fundamental, la sociedad vasca y el Gobierno Vasco exigen claridad y decisión al Estado de manera que decisiones políticas legítimas, legales y democráticas, como la consulta aprobada por el Parlamento, no se pretendan enterrar por el paso del tiempo y según los intereses partidistas de quien la suspende.

La sociedad vasca debe conocer que este efecto perverso se produciría en caso de que el Tribunal Constitucional no sentencie o, al  menos, no levante la suspensión antes del 15 de septiembre. Y ésta es, sin duda, que sea el tiempo y no el derecho, la oculta intención del camino emprendido por el Presidente Rodríguez Zapatero.

En virtud de lo expuesto, a propuesta del Lehendakari y previa deliberación, el Consejo de Gobierno adopta el siguiente

ACUERDO

Primero.- El Consejo del Gobierno considera de extrema gravedad la paralización política de una consulta popular no vinculante, cuyo objetivo es conocer la opinión de la sociedad vasca en relación con el final dialogado de la violencia y la solución política del conflicto vasco y quiere denunciar este veto político del Presidente del Gobierno español que pretende impedir el libre ejercicio del derecho a la participación política de los ciudadanos y ciudadanas vascas y suspender de hecho el autogobierno político del pueblo vasco.

Segundo.- El Consejo de Gobierno insta al Tribunal Constitucional a que, actuando desde la independencia del poder político:

a) Se pronuncie sobre la constitucionalidad de la consulta necesariamente antes del 15 de septiembre. Esta es la fecha de convocatoria establecida en la propia Ley y de superarse, manteniéndose el conflicto y la suspensión, perdería toda su vigencia, produciéndose el perjuicio irreparable e irreversible de hacer imposible la celebración de la consulta, en contra de la voluntad del Parlamento Vasco y del derecho a la participación política de los ciudadanos y ciudadanas vascas reconocido en el Estatuto de Gernika.

b) Caso de no dictarse sentencia antes del 15 de septiembre, a fin de evitar dicho perjuicio irreparable e irreversible, levante inmediatamente la suspensión de la aplicación de la Ley de convocatoria y regulación de la consulta popular.

Tercero.- El Consejo de Gobierno está convencido de la legalidad y conveniencia para esta sociedad de la consulta y por ello queremos seguir preparándola con toda normalidad para hacer efectiva la decisión del Parlamento Vasco y dar cauce a la voluntad de la mayoría de esta sociedad.

Cuarto.- Caso de no producirse antes del 15 de septiembre las requeridas decisiones por parte del Tribunal Constitucional, nos reservamos todas las iniciativas legales, sociales y políticas para la defensa del derecho de la sociedad vasca a ser consultada y a decidir el futuro de este País.

Quinto.- Remitir el presente Acuerdo al Presidente del Gobierno español y a la Presidenta del Tribunal Constitucional.